AMNISTIA INTERNACIONAL.
noviembre
Noviembre 16, 2022
Irán: Escalofriante
uso de la pena de muerte para sofocar aún más brutalmente el
levantamiento popular
Las autoridades iraníes están pidiendo la pena de muerte para al
menos 21 personas en simulacros de juicio destinados a intimidar a
quienes participan en el levantamiento popular que lleva agitando
Irán desde septiembre, y a disuadir a otras personas de unirse al
movimiento. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Desde el 13 de noviembre, las autoridades, en distintas
declaraciones, han anunciado que los Tribunales Revolucionarios de
Teherán han condenado a muerte a cinco personas, cuyos nombres no se
han facilitado, por “enemistad contra Dios” (moharebeh)
y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz), a causa
de lo que califican de actos de incendio provocado, destrucción de
bienes y agresión mortal contra un miembro de las fuerzas de
seguridad durante las protestas celebradas en la provincia de
Teherán. Desde el 29 de octubre, los medios de comunicación
estatales han informado regularmente del juicio contra nueve hombres
por cargos punibles con la muerte que están relacionados con las
protestas. No está claro si los cinco individuos cuyos nombres no se
han facilitado y que están condenados a muerte forman parte de ese
grupo de nueve hombres. Al menos otras 12 personas, entre ellas una
mujer, se enfrentan también a cargos punibles con la muerte en
relación con las protestas.
Amnistía Internacional ha publicado hoy un análisis
detallado sobre los casos de las 21 personas en riesgo, y en él
destaca las enormes deficiencias de los procedimientos de los
Tribunales Revolucionarios, unidas a los escandalosos llamamientos de
las autoridades para que se aceleren tanto los juicios como las
ejecuciones públicas.
Las autoridades iraníes deben anular de inmediato todas
las condenas a muerte, abstenerse de pedir la imposición de la pena
capital y retirar todos los cargos contra las personas detenidas en
relación con su participación pacífica en protestas.
Diana Eltahawy, Amnistía Internacional
“Las autoridades iraníes deben anular de inmediato todas las
condenas a muerte, abstenerse de pedir la imposición de la pena
capital y retirar todos los cargos contra las personas detenidas en
relación con su participación pacífica en protestas. La pena de
muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante,
y su abominable naturaleza se ve aún más agravada por unos juicios
extremadamente deficientes que carecen de transparencia o
independencia”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora adjunta de
Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Cuando han transcurrido dos meses del levantamiento popular, y
tres años de las protestas de noviembre de 2019, la crisis de
impunidad existente en Irán está permitiendo que las autoridades
iraníes no sólo sigan perpetrando homicidios en masa, sino que
continúen aumentando el uso de la pena de muerte como herramienta de
represión política. Los Estados miembros del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU que celebran un periodo especial de sesiones sobre
Irán la semana que viene deben establecer con carácter de urgencia
un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para abordar
esta agresión total contra el derecho a la vida y otros derechos
humanos.”
Amnistía Internacional teme que muchas otras personas corran
peligro de ser condenadas a muerte, habida cuenta de los miles de
personas detenidas y de la cantidad de acusaciones formales
presentadas por las autoridades.
Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos con embajadas
en Irán a enviar de inmediato observadores de alto nivel a todos los
juicios en curso en los que las personas acusadas corran peligro de
ser condenadas a muerte. Las autoridades iraníes han declarado que
esos juicios serán públicos.
Personas que se enfrentan a la pena de muerte a causa de
las protestas
Los casos de las 21 personas que corren peligro de ser condenadas
a muerte se encuentran en distintas etapas, y se celebran ante
diversos tribunales. Las condenas a muerte pueden ser recurridas ante
el Tribunal Supremo.
Seis hombres acusados de “enemistad contra Dios” (mohraebeh)
o “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) han sido
remitidos a un Tribunal Revolucionario de Teherán para un juicio
colectivo. Se trata de Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi
(Yasin), Saeed Shirazi, Mohammad Boroughani, Abolfazl Mehri Hossein
Hajilou y Mohsen Rezazadeh Gharagholou.
Otros tres hombres (Sahand Nourmohammad-Zadeh,
Mahan Sedarat Madani y Manouchehr Mehman-Navaz)
están siendo juzgados en procedimientos separados
ante el Tribunal Revolucionario de Teherán por presunta conducta
criminal que constituye “enemistad contra Dios” (mohraebeh).
En ocho de estos casos, los cargos punibles con la muerte no incluyen
acusaciones de homicidio intencional, sino que se derivan
principalmente de actos descritos como vandalismo, destrucción de
bienes públicos y/o privados, incendio provocado y alteración del
orden público.
Aunque las autoridades no han desvelado la identidad de las cinco
personas cuyas condenas a muerte se han anunciado oficialmente, la
información revelada sobre los cargos contra ellas ha llevado a los
activistas de derechos humanos a creer que se trata de Mohammad
Ghobadlou, Manouchehr Mehman-Navaz, Mahan Sedarat Madani, Mohammad
Boroughani y Sahand Nourmohammad-Zadeh.
Otras 11 personas se enfrentan también a juicio ante un Tribunal
Revolucionario de Karaj, provincia de Alborz, por el cargo de
“corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz). Entre
ellas se encuentra un matrimonio, Farzaneh Ghare-Hasanlou
y Hamid Ghare-Hasanlou, que ejerce la medicina.
Amnistía Internacional también ha tenido conocimiento de otro
hombre, Parham Parvari, de 26 años y perteneciente
a la minoría kurda de Irán, que ha sido acusado de “enemistas
contra Dios” en relación con las protestas. Según la familia de
Parham Parvari, él era un simple transeúnte que fue violentamente
detenido en Teherán cuando regresaba a su casa desde el trabajo
durante las protestas.
Existen indicios de que al menos tres personas han sido sometidas
a tortura y otros malos tratos, y que en los tribunales se han
utilizado “confesiones” empañadas por la tortura.
Negación del derecho a un juicio justo
Las violaciones documentadas del derecho a un juicio justo contra
las 21 personas acusadas incluyen la negación del derecho a acceder
a un abogado de su elección desde el momento de la detención y
mientras duren la investigación y los procedimientos judiciales, así
como la negación del derecho a la presunción de inocencia, a
guardar silencio y a no ser obligado a autoincriminarse o confesar la
culpabilidad. A las personas acusadas se les niega sistemáticamente
el derecho a gozar de protección frente a la tortura y otros malos
tratos, a tener pleno acceso a las pruebas pertinentes, y a recibir
una vista ante un tribunal competente, independiente e imparcial.
En virtud del derecho internacional, la imposición de pena de
muerte tras un juicio injusto constituye una violación del derecho a
la vida y de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos
tratos.
Llamamiento de las autoridades para que se aceleren los
juicios y las ejecuciones públicas
De los 290 miembros que componen el Parlamento iraní, 227 han
emitido una declaración en la que piden al poder judicial que “no
muestre indulgencia” con las personas que se manifiestan y que
dicte urgentemente contra ellas condenas a muerte que sirvan de
“lección” a otras personas. El presidente de la Magistratura,
Gholamhossein Mohseni-Ejei, ha pedido que se aceleren los juicios y
las condenas, incluidas las ejecuciones.
Según un documento oficial examinado por Amnistía Internacional,
el 9 de noviembre el fiscal general del país, Mohammad Jafar
Montazeri, dio instrucciones a las fiscalías para que aceleraran los
procedimientos penales contra Mohammad Ghobadlou. En otro documento
oficial, fechado el 29 de septiembre, un alto cargo de la policía
pidió que el juicio contra Mohammad Ghobadlou se completara “en el
plazo más breve posible” y que su condena a muerte se llevara a
cabo en público como “gesto para confortar a las fuerzas de
seguridad”.
Información complementaria
Desde la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini a manos de la
“policía de la moral” iraní el 16 de septiembre de 2022, Irán
se ha visto sacudido por un levantamiento popular nacional contra el
sistema de la república islámica. Las fuerzas de seguridad han
respondido con el uso ilegítimo de la fuerza (incluida fuerza
letal), el homicidio de cientos de hombres, mujeres, niños y niñas
y heridas a miles de personas más.
Según un archivo de audio filtrado obtenido por BBC Persian, las
autoridades detuvieron arbitrariamente a entre 15.000 y 16.000
personas en la primera oleada de detenciones desde que comenzaron las
protestas. Entre las personas detenidas se encuentran manifestantes,
periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos,
disidentes, estudiantes universitarios y escolares, y muchas de ellas
han sido sometidas a desaparición forzada, detención en régimen de
incomunicación, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos.
El 8 de noviembre de 2022, el poder judicial iraní anunció que
se habían dictado 1.024 actas de acusación formal en relación con
las protestas únicamente en la provincia de Teherán, sin dar más
detalles de los cargos.